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Por: Tathiana Montaña.
1. Se puede hablar de una negociación de Paz con autodefensas o
paramilitares, o se trata de una política de sometimiento?
De hecho no se trata ni de lo uno ni de lo otro. No son negociaciones
de Paz dado que los Paramilitares nunca estuvieron en guerra con el gobierno.
Desataron una guerra en contra de la población que ellos tachan
de colaboradora de la guerrilla, quienes no apoyan ni a los paramilitares
ni al ejercito.
Esa guerra está dada por la amplia cooperación con muchas
estructuras del ejercito y eso se ha comprobado: En muchos casos los grupos
paramilitares mismos son liderados por mandos del ejercito1. Los lazos
son tan estrechos que hasta la organización conservadora de derechos
humanos Human Rights Watch llegó a llamar los grupos paramilitares
"la VI. división del ejercito" en un informe de sobre
el paramilitarismo publicado en el 2001. En la introducción escriben:
"Colombia's Army has five divisions, but many Colombians told Human
Rights Watch that paramilitaries are so fully integrated into the army's
battle strategy, coordinated with its soldiers in the field, and linked
to government units via intelligence, supplies, radios, weapons, cash,
and common purpose that they effectively constitute a sixth division of
the army." En un breve resumen en la introducción aclaran:
"Human Rights Watch has documented abundant, detailed, and compelling
evidence that certain Colombian army brigades and police detachments continue
to promote, work with, support, profit from, and tolerate paramilitary
groups, treating them as a force allied to and compatible with their own.
At their most brazen, the relationships described in this report involve
active coordination during military operations between government and
paramilitary units; communication via radios, cellular telephones, and
beepers; the sharing of intelligence, including the names of suspected
guerrilla collaborators; the sharing of fighters, including active-duty
soldiers serving in paramilitary units and paramilitary commanders lodging
on military bases; the sharing of vehicles, including army trucks used
to transport paramilitary fighters; coordination of army roadblocks, which
routinely let heavily-armed paramilitary fighters pass; and payments made
from paramilitaries to military officers for their support. In the words
of one Colombian municipal official, the relationship between Colombian
military units, particularly the army, and paramilitaries is a "marriage."
Un ejemplo es la Brigada XXIV, basada en el Putumayo, respecto a la cual
Human Rights Watch juntó evidencias que en 1999 y 2000 coordinó
activamente sus operaciones con las de los paramilitares y algunos oficiales
responsables de tropas recibían regularmente pagos de parte de
los paramilitares. (HRW 2001: p. 9)
Así que los paramilitares no están negociando la paz, porque
la paz se debe negociar con la contraparte en la guerra y es evidente
que no es el ejercito ni el Estado.
Mientras el Estado colombiano mantuvo apariencia democrática los
paramilitares defendieron los intereses del capital y garantizaron el
"funcionamiento normal" de la sociedad (Alonso 1997: p. 146)
hicieron más fácil el acceso a recursos y de hecho organizaron
la "desregulación" de los mercados de trabajo aniquilando
los sindicatos.
Por las mismas razones no se trata de una política de sometimiento
sino de una salida que el gobierno de Uribe le está ofreciendo
al hermano oculto del ejercito después que el proyecto paramilitar
ha fracasado.
Además de con el ejercito el paramilitarismo también tiene
nexos estrechos con el narcotráfico. Ya el primer escuadrón
de muerte paramilitar, los MAS, fundados en el 1981 por los jefes de Cartel
de Medellín, trabajaba junto a la brigada local del ejercito (Giraldo
1996: p.83) Y acordémonos también de "Los Pepes",
responsables de más de 1000 ejecuciones de supuestos miembros del
Cartel de Medellín, eran dirigidos pos Fidel y Carlos Castaño
- que después se fueron al norte de Colombia para empezar a organizar
las ACCU y las AUC. Según informaciones de El Nuevo Herald, la
edición castellana del Miami Herald (15. 10. 2000), los miembros
de Los Pepes frecuentaban con gran frecuencia las oficinas del Bloque
de Búsqueda y hasta mantenían un contacto con instituciones
de EEUU a través del agente de la DEA y actual subdirector de la
oficina de la DEA en Bogotá, Javier Peña.
2. Cuál es la estrategia de la Administración Uribe en materia
de contrainsurgencia y donde queda la solución política?
La administración Uribe únicamente apunta a la guerra. Parece
que cree que la paz es simplemente una cuestión de derrota militar
de la guerrilla.
La base para una paz sólida y duradera son cambios sociales y económicos
y un modelo participativo de sociedad. Y además eso es algo que
hay que definir con todos los actores sociales de Colombia y no únicamente
con la guerrilla o sin ella.
La historia de Colombia demuestra que cualquier acuerdo que no contemple
esos cambios no conlleva a la paz. Los acuerdos y las desmovilizaciones
de grupos insurgentes que se han hecho en Colombia durante los últimos
15 años nunca disminuyeron los niveles de confrontación
armada ni el numero de insurgentes, ocurrió todo lo contrario.
Tal vez el gobierno cree poder debilitar a las FARC-EP y el ELN, para
luego poder obligarlas a negociar, y por ello el Estado colombiano llevaría
las ventaja y definiría las metas.
Creo que eso es una ilusión. Primero no hay nada que indique que
la insurgencia sea debilitada, y segundo, aunque así fuera, no
creo que unas organizaciones guerrilleras que ya llevan decenas de años
en la guerra de repente se sienten a negociar en posición desfavorable.
Además los "logros" internacionales del gobierno colombiano,
pidiendo en todas las instituciones internacionales que califiquen a los
grupos insurgentes colombianos como terroristas, puede parecer un éxito
al momento, sin embargo aleja cualquier posibilidad de una solución
negociada.
Es difícil justificar negociaciones con "terroristas".
La única consecuencia que tiene la estrategia de Uribe es más
destrucción y más guerra. Esta llevando al país a
una polarización que deja cada vez menos espacios para la acción
política legal de las organizaciones sociales, sindicales y de
derechos humanos; son tachadas como simpatizantes o hasta parte de la
guerrilla, lo que hace imposible cualquier desarrollo democrático
de la sociedad.
Lo peor a mi juicio, es la táctica de movilizar e involucrar a
toda la sociedad en la guerra como por ejemplo, por medio los soldados
campesinos y la red de informantes. Es una concepción totalitaria
que siembra desconfianza y miedo, "todos son sospechosos". Como
siempre en situaciones comparables se crea una cultura de delatación
y denuncia que destruye totalmente el tejido social y se tardará
décadas en revertirse. La experiencia en casos parecidos es que
muchos van aprovechar de esa estructura y va a haber casos de que gente
es denunciada porque hay otros líos personales en medio, gente
denuncia su vecino para apoderarse de sus pertenencias o sus cargos, por
envidia o venganza.
3. En cuanto a los procedimientos imaginables, ¿Qué diferencias
y semejanzas pueden expresarse con los utilizados en experiencias anteriores
de diálogos con grupos insurgentes (voceros públicos, mesas
de diálogo, agenda temática, cese de fuego, zonas de ubicación,
veeduría de mediación, omisión de buenos oficios,
papel de la sociedad civil)?
El gobierno y los paramilitares tienen el interés de hacer oficiales
y serias esas negociaciones y por eso seguirán un esquema de ese
tipo. Además eso sirve para otorgarle más seriedad a los
paramilitares y hacerlos aparecer como actores políticos independientes.
Solo el último punto, de la sociedad civil, no va a jugar ningún
papel, porque no puede jugar ningún papel. Los paramilitares actuaron
principalmente en contra de la sociedad civil para destruirla así
que no cabe en esa farsa ninguna sociedad civil organizada seria.
4. En cuanto a contenido, ¿Cuáles son los temas para una
agenda sustantiva? ¿Se puede imaginar una agenda de reforma social,
económica y política, en qué temas concretos?
No, porque los paramilitares nunca han tenido un programa político
y su función fue y es de apoyar el orden económico y social
vigente. O como lo expresó el mismo Carlos Castaño hace
poco en una entrevista radial con la cadena radial Caracol, explicando
que los paramilitares no eran terroristas porque "respetamos la propiedad
privada, respetamos las inversiones extranjeras, respetamos la economía
nacional". No tienen ningún interés de negociar reformas
sociales, económicas o políticas a parte de la legalización
de las tierras - millones de hectáreas - que se han adueñado
a través del desplazamiento, el robo y el asesinato y la legalización
del dinero del narcotráfico. Tal vez quieren negociar también
cuotas de poder en un modelo político aunque no creo que eso sea
necesario, de todas maneras representan los intereses de la oligarquía
y la oligarquía los suyos.
5. Justicia. El Ministro del Interior ha hablado de la posibilidad de
amnistía o indultos. ¿Eso tiene cabida? ¿Cómo
atender a las demandas de justicia, no impunidad, verdad y reparación?
¿Cómo incide la justicia de la Corte Penal Internacional?
En teoría no tendría que haber ni amnistía ni indulto.
Lo que cometieron y siguen cometiendo los paramilitares son crímenes
en contra de la humanidad y para eso no hay ni amnistía ni indulto
si no solamente cárcel. Además si Colombia quiere algún
día la paz, no se puede renunciar a juzgar y condenar a los paramilitares
por los crímenes atroces que cometieron. Sin embargo me parece
probable que el gobierno intente encontrar la manera de amnistiar o indultar
los paramilitares.
No pueden arriesgar que haya juicios en contra de altos mandos paramilitares
y estos aclaren los nexos mencionados anteriormente. Así que el
indulto para los paramilitares en verdad es un indulto para todos los
que están involucrados en el paramilitarismo, que lo han alentado,
financiado, apoyado, cubierto y usado desde que se formó. Después
que los paramilitares trabajaron durante años para ellos hay que
encontrarles una salida digna que además garantice que no hablen
en contra de sus aleados.
6. En el referendo y en otras normas se ha abierto la posibilidad para
la inserción institucional de paramilitares en el Congreso de la
República, Fuerzas Armadas, Guardias Campesinas, burocracia, formación
de partidos políticos. ¿Qué opina?
Es de facto la legalización de los paramilitares desde el punto
de vista político y social es un desastre. Pero eso se veía
venir: es la estrategia que propuso la Rand Corporation (una fundación
derechista de EEUU que nació en 1948 y es financiada por la empresa
de aviones militares Douglas) en un informe para US Air force en el 2001:
"... it may be worth considering whether the policy of discouraging
the organization of legal self-defense communities is wise. A network
of supervised self-defense organizations on the Peruvian model could provide
an alternative to the illegal groups."
7. Política de Estados Unidos. ¿Cómo incide la política
antiterrorista y antinarco de los Estados Unidos y solicitudes de extradición?
Fomenta la guerra en Colombia porque la administración Bush comparte
la visión guerrerista de Uribe así que está dispuesta
a ayudar con armas, entrenamientos militares, apoyo político.
8. ¿Cómo se puede relacionar un proceso de desmantelamiento
o de reinserción de los paramilitares, con la posibilidad de diálogos
con la guerrilla?
La única relación que veo es que una vez integrados los
paramilitares al sistema, se hace mucho más difícil cualquier
dialogo con la guerrilla.
9. ¿Cómo se plantearía el tema de la verdad, justicia
y reparación en relación con las víctimas en un posible
amnistía e indulto que tengan en cuenta la reparación?
El reconocimiento de un estatus político de los paramilitares,
los diálogos y las negociaciones son actos que van de forma diametral
en contra de la verdad, la justicia y la reparación. Eso se consigue
aclarando responsabilidades para crímenes y no ocultándolas.
Referencias:
Alonso, Manuel Alberto (1997): Conflicto armado y configuración
regional - el caso del Magdalena Medio, Medellín
Giraldo, Javier (1996): Colombia - The Genocidal Democracy, Monroe, Maine
Human Rights Watch (2001): THE "SIXTH DIVISION", Military-paramilitary
Ties and U.S. Policy in Colombia, Washington
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1 El antiguo líder paramilitar Alonso de Jesús Baquero alias
Vladimir declaró en el 1997 Semana que en el 1988/89 el recibía
los ordenes para perpetrar masacres directamente de parte del comandante
de batallón Farouk Yanine Díaz
http://www.indepaz.org.co/articulos.htm?x=13429&cmd%5B178%5D=c-1-13&cmd%5B204%5D=c-1-13
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