Dario Azzellini, politólogo, especialista en conflictos bélicos latinoamericanos, acaba de presentar la “versión Cono Sur” de su libro La privatización de la guerra, editado en Bolivia. Junto al coautor, Boris Kanzleiter, busca desentrañar los motivos por los cuales los grandes ejércitos estatales decidieron “tercerizar” buena parte de las funciones que antes cumplían.
Donald Rumsfeld es uno de los principales impulsores de esta privatización, que sigue con las fuerzas armadas la misma lógica que décadas atrás se impuso en los negocios privados. En América Latina, el banco de pruebas es Colombia, pero las empresas que gestionan las nuevas guerras privatizadas operan en todo el continente. A continuación un extracto del diálogo que Azzellini mantuvo con BRECHA.

¿Los miembros de estos ejércitos privados son mercenarios?
Sí, son mercenarios, pero distintos a los clásicos mercenarios que conocemos. Son personas con elevada formación capaces de manejar aparatos sofisticados. En América Latina todas las estaciones de radar que tiene Estados Unidos son manejadas por empresas privadas, ninguna tiene militares estadounidenses.

¿Cómo modifica la lógica de la guerra?
Hay una relación entre los cambios en el modelo económico y la guerra. Estamos volviendo a algo similar a las economías de enclave de la colonia. Ya no se trata del control territorial ni de la imposición de un modelo de sociedad, sino que las fuerzas militares controlan sólo los puntos económicamente interesantes. En Irak es muy claro, sólo les interesa controlar los pozos petroleros, como antes los colonizadores controlaban los ingenios azucareros, las minas y otros enclaves coloniales.
Esto implica una relación más estrecha entre los ejércitos y las empresas multinacionales, y los ejércitos privados trabajan para ambos. Algunas empresas, incluso, como la célebre Halliburton, son dueñas de ejércitos, pero hay empresas militares que tienen acciones en empresas privadas, como el caso de la minería en varios países de África.
Asistimos por un lado a la militarización de la economía, pero con la globalización estas empresas militares desarrollan la capacidad de saltar por encima de cualquier control democrático. Si Estados Unidos envía 600 soldados a Colombia, esa decisión debe pasar por el Congreso. Pero si quien envía esos soldados es una empresa privada, a raíz de un contrato firmado por el Pentágono, ahí el parlamento no tiene nada que decir y ni siquiera se entera de lo que está sucediendo. En América Latina todos los programas antinarcóticos están manejados por empresas militares privadas. Los ejércitos, por lo menos en teoría, pueden ser investigados o controlados por el Estado, pero las empresas privadas pueden eludir los controles sin problema. Si hay muertos, nadie se entera. En Colombia han muerto ocho empleados estadounidenses pero como pertenecen a empresas privadas nadie dice nada.

¿Qué control tiene el Estado de Estados Unidos sobre esas empresas?
Tiene un control absoluto, salvo cuando no le interesa controlarlas. Son parte del proyecto político-militar de Estados Unidos y todo lo que hacen es supervisado por el Pentágono. Hay una empresa privada, la Military Profesional Ressources Incorporated (MPRI)), que asegura en su página web que tiene más generales por metro cuadrado que el Pentágono y está presente en todas las reuniones de ese organismo. O sea, ya forman parte de esas instituciones. Por lo tanto, decir que el Estado se está debilitando es falso. Es cierto que ya no es el Estado liberal de antaño, porque se han privatizado muchas funciones.

¿La privatización de la guerra es un rasgo de fortaleza o de debilidad del imperio?
La externalización de funciones, que es de lo que se trata, a nivel de la empresa es fruto del desborde de las luchas obreras, y en el terreno militar es consecuencia de la derrota de Vietnam. Los soldados estadounidenses en Vietnam desobedecían a sus mandos y a veces llegaron a matarlos. Seguir por ese camino era un problema.

¿Por qué compara la privatización de la guerra con la crisis del fordismo?
Porque es parte del mismo fenómeno: externalización de funciones, la reacción rápida a los cambios del mercado, el just in time, y sobre todo porque se trata de la externalización de la responsabilidad. Se está buscando la impunidad.

Según lo que dice, la fábrica y el territorio militar son dos enclaves a dominar. ¿Pero desde el punto de vista político cuál es el cambio de fondo?
Lo que cambia es que estamos cada vez más ante una dominación represiva basada en lo militar. Dominación sin hegemonía, porque ya no hay interés en luchar por los corazones y las cabezas como se planteaba en Vietnam o durante la Guerra Fría, y se procede a la militarización de las relaciones sociales. Sea en Colombia o en Irak el control militar se reduce a ciertos territorios donde hay intereses económicos, y el resto del territorio es para bombardearlo o hacer incursiones. Es la policialización de la guerra, porque se trata de acciones punitivas de venganza sin la menor pretensión de controlar territorio, igual que en los guetos de las grandes ciudades.

En el caso de Colombia parece claro que no pueden derrotar a las FARC. Pero para los pueblos, los campesinos, los indios, ¿qué ventajas y desventajas tiene esta nueva modalidad?
La ventaja principal es que son pocos los puntos a golpear y el transporte cobra una importancia clave, y es ahí donde está el principal punto débil de los ejércitos. Por eso tanto en Colombia como en Irak alcanza con bombardear los oleoductos para trabar toda la estrategia.
La desventaja es que la población ya no importa, sólo aquella parte que trabaja en los enclaves que les interesan. Esto lleva a una deshumanización de la vida, a que la vida ya realmente no tenga valor. El caso más claro es África: en Congo hubo entre dos y tres millones de muertos y no pasa nada, la economía no se ve afectada. Esto se relaciona con el control militar de las migraciones, porque cuando la vida de la mayoría no importa, hay una búsqueda por abandonar esos infiernos.

¿Han perdido alguna guerra privatizada?
Hay un caso de una guerra privatizada que les salió mal, en Nueva Guinea. El gobierno contrató una empresa británica para combatir a la guerrilla, pero tanto la población como el ejército se rebelaron contra esa empresa y el gobierno no tuvo más remedio que dar marcha atrás. En Irak esto no está funcionando porque no logran sacar todo el petróleo que quieren ni consiguen apaciguar la resistencia. Esto es un indicador de que el nuevo modelo no está consolidado y que estamos en un momento de transición de las viejas a las nuevas guerras.

En América Latina, además del caso de Colombia, ¿en qué otros países están actuando las empresas de la guerra?
En todos aquellos países donde hay programas antinarcóticos están estas empresas trabajando, sobre todo la Dyncorp. Dije que los radares están todos manejados por empresas privadas, y hay algunas como Wackenhut que está en todo el continente y también en Uruguay. Esa empresa en Venezuela estuvo junto al asesor militar de la embajada de Estados Unidos asesorando a la policía municipal de Chacao (municipio de clase media alta) sobre cómo llevar a cabo acciones desestabilizadoras. Empresas como esa están en todo momento dispuestas a trabajar para la CIA y otras agencias estadounidenses. En general, las empresas petroleras contratan empresas militares privadas para su seguridad, pero a menudo realizan actividades de control social y político.
Otro problema más reciente es que algunas empresas empezaron a reclutar en América Latina ex militares para empresas privadas en Irak. En Uruguay trabaja una empresa propiedad de un militar chileno que reclutó, en Chile, 122 militares vinculados a la violación de los derechos humanos y están ahora en Irak. Eso también lo está haciendo en Argentina y Uruguay.