Dario Azzellini y el Negocio de la Guerra en Colombia

En el libro El negocio de la guerra, el investigador italiano Darío Azzellini, utiliza la denominación “Nuevas guerras” no a las que se dan entre países sino al interior de países o entre, por lo menos, un ejército regular y uno irregular. En entrevista acerca de este libro, dice Darío Azzellini, estas guerras que se presentan al interior de los países obedecen a “ciertas lógicas del neoliberalismo en el sentido de ganar ganancias”. Anteriormente el sentido de las guerras era cambiar las elites, nuevo control de las economías y/o introducir otro modelo de dominio económico o político. Pero ahora la guerra la hacen para perpetuarla. En ese sentido, la guerra misma se hace como un mecanismo de ganancias.

Colombia es un país que tipifica como ejemplo para las “nuevas guerras”. Durante los últimos años, anota Darío Azzellini, el pasaje de la agricultura pequeña y mediana a la agroindustria se hizo con una guerra. Si no, no hubiera sido posible expropiar a millones de campesinos de sus tierras y hacer una reforma agraria al revés, donde terratenientes y paramilitares se apropiaron de 6 millones de hectáreas de tierra. Esa es la única forma de desplazar a campesinos, indígenas y comunidades afros. Y en el sector industrial asesinando sindicalistas o presionándolos con amenazas.

Y aun que los paramilitares son parte integrante de la guerra, el Estado no pierde el control sobre ellos. Porque los grupos paramilitares colombianos se crearon por la responsabilidad del ejército o la policía en delitos contra los derechos humanos. Luego se montó el show de la supuesta desmovilización de los paramilitares, pero estaba coordinado, fomentado y controlado por el ejército y las autoridades colombianas. Los supuestos paramilitares desmovilizados aparecen en otras zonas de Colombia donde todavía se necesita el paramilitarismo como estrategia o como supuestos grupos rearmados o emergentes.

El papel de los Estados Unidos es fundamental en este tipo de guerra, también en el sentido de que ejercen y ponen en funcionamiento las famosas Compañías Militares de Guerra, o mercenarios que son lo mismo. Estas compañías están formadas generalmente por civiles que no pueden ser juzgados por la justicia militar. Tampoco por la justicia civil de los países en los que actúan, generando un campo de impunidad. La mayoría contratadas por el pentágono, en un negocio que maneja alrededor de 150 a 200 mil millones de dólares al año en el mundo.

Un ejemplo de cómo es el negocio de las Nuevas guerras y las CMG es el Plan Colombia, que lo hace Estados Unidos para financiar la guerra, imponiéndolo con el chantaje, y “gran parte del dinero nunca llega a Colombia, sólo cruza la calle del Pentágono, ya que enfrente están las sedes de muchas de las empresas privadas militares que van a “trabajar” a Colombia. Hay que destacar que mientras en las guerras clásicas los soldados tenían el interés de terminar la guerra, estas empresas no, porque sólo ganan si hay conflicto. Probablemente no actúen con el espíritu de terminar con esos conflictos porque perderían su trabajo”. De ahí el plan patriota de Uribe, y que el objetivo no es acabar a las FARC, por que se acabaría el negocio para los Gringos y quienes recogen de sus migajas. El caso de los tres norte americanos retenidos por la guerrilla de las FARC es un caso complicado de las CMG. “Una avioneta, prestada por el Pentágono a una empresa, sobrevolaba las zonas guerrilleras para pasar información de columnas y jefes guerrilleros al ejército y fue abatida. Se suponía que los estadounidenses eran de la empresa, pero luego se supo que eran de la CIA y que se usó a la empresa como pantalla.

Todas estas estructuras –Paramilitares, CMG y Estado- hacen parte del control social en el país, porque “tienen territorio o representan al Estado. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar colombiano –quien fue extraditado el 15 de mayo último para ser juzgado en Estados Unidos-, dijo en una entrevista a RCN que controlaban congresistas y que, para llegar al cargo, tenían que acordar con ellos, si no, no recibían votos. Colombia es claramente un narco- Estado paramilitar. No controlan zonas sino que están en el Estado. Esto también explica los nexos con las empresas privadas”. En la zona bananera del país, multinacionales norte americanas, como la Chiquita Brands, pagaban un porcentaje por cajas de bananas a los paramilitares para la seguridad. También, otro jefe paramilitar, “Diego Murillo, alias Don Berna –también extraditado–, dijo que existían bajo los gobiernos y Estados que los llevaron a velar por la Justicia “con nuestros propios puños y nuestros propios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos, todos ellos deben ir con nosotros”.


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