Fábricas ocupadas, expropiación, y cogestión obrera
Dario Azzellini
A finales de julio de 2005, Hugo Chávez anunció en su programa de televisión Aló Presidente que 136 fábricas cerradas venezolanas habían de ser evaluadas para su posible expropiación. "Es contrario a la Constitución Nacional que haya empresas cerradas en Venezuela. Eso es como el caso de las tierras ociosas," dijo Chávez. El anuncio tuvo lugar durante la inauguración de la Unión Cooperativa Agroindustrial del Cacao, una fábrica que ha permanecido cerrada durante nueve años, hasta que fue compradapor sus trabajadores con la ayuda de un préstamo del gobierno. Esta cooperativa de producción de cacao es un ejemplo de las nuevas Empresas de Producción Social que, de acuerdo con Chávez, representan el centro de un “viraje económico hacia el socialismo del siglo XXI”.
Durante la mencionada aparición televisiva, Chávez leyó varias listas de empresas que ya están en proceso de expropiación, otra de 136 empresas cuya expropiación está siendo evaluada, y otras dos de empresas que han dejado de trabajar total o parcialmente, representando un total de 1,149 empresas. Hizo además un llamamiento al pueblo para que éste informe de cualquier otra fábrica cerrada. Entre otros ejemplos, Chávez mencionó una planta procesadora de pescado en el puerto de Guanta, cerca de puerto La Cruz, que tenía todo el equipamiento necesario para estar en activo, pero que, sin embargo, estaba cerrada. "Si los empresarios no quieren abrirla, habrá que expropiarla y la abrimos nosotros," dijo el presidente.
El Título III, Capítulo VII, Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite que, en ciertos casos, el estado lleve a cabo la expropiación:
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.”
Pese a que la Constitución ha estado vigente desde el año 2000 sólo han habido dos casos de expropiación hasta septiembre de 2005 llevados a cabo con éxito: la fábrica de papel Venepal, en enero de 2005, y a finales de abril, la Constructora Nacional de Válvulas (CNV), una fábrica que produce válvulas para la industria petrolera. A partir de julio del 2005 el gobierno comenzó a concentrar su atención en la situación de las fábricas cerradas. Cuando, a finales de septiembre del mismo año, la Asamblea Nacional declaró que la compañía procesadora de azúcar de caña Cumanacoa y la constructora detubos para la industria petrolera Sidoroca eran empresas de “interés social” y se inició la expropiación, Cumanacoa había sido, de hecho, tomada por los obreros desde hace más de dos meses. En los años anteriores Cumanacoa había reducido gradualmente su capacidad de producción en un 80 por ciento. Al mismo tiempo, pagaba a menudo a sus empleados menos del salario mínimo y, algunas veces, como en tiempos coloniales, el pago se hacía con sacos de caña de azúcar. Finalmente, los trabajadores decidieron tomar la planta. Sidororca, por otro lado, se había mantenido inactiva durante muchos años.
La ministra de trabajo, María Cristina Iglesias, llamó a los sindicatos, a los trabajadores y antiguos empleados a “recuperar” las empresas señaladas por Chávez, por que solo así podrá ser superada la situación de dependencia de Venezuela. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), asociación federal sindical cercana al gobierno, declaró su apoyo a las acciones. Marcela Máspero, del gremio coordinador de la UNT, anunció que, de acuerdo con las investigaciones de la UNT, habrían en Venezuela 700 empresas inactivas, 30 por ciento de las cuales pertenecían al sector de agroalimentario. De acuerdo con la UNT, podrían ser creados 7,000 nuevos puestos de trabajo mediante la simple activación de las empresas agroalimentarias; 700 empresas significarían unos 20,000 puestos de trabajo. La UNT anunció solicitar a la Asamblea Nacional que proceda a declarar de utilidad pública esas empresas para que sean expropiadasy reactivadas por los trabajadores a través de la cogestión.
La UNT también anunció a mediados de septiembre que teñía prevista la toma las 700 empresas cerradas, entre ellas plantas empresas transnacionales como Parmalat y Heinz. “Ante los ataques del neoliberalismo y del capitalismo, nosotros utilizaremos los mecanismos de los trabajadores y ahora, acompañados por las comunidades vamos a ocupar esas empresas’’ dijo Máspero. En aquel momento existían ocho empresas tomadas; incluyendo algunos silos propiedad del grupo venezolano Polar, una planta de la compañía Heinz de procesamiento de tomate y dos plantas de producción pertenecientes a Parmalat, la multinacional italiana de alimentos y bebidas que quebró recientemente a causa de turbias operaciones financieras. “Primero se decide la toma y después se resuelve el asunto de la propiedad, pues siempre hay razón para la ocupación”, dijo Máspero. Máspero puso como ejemplo el caso de la procesadora de maíz Promabrasa, tomada en septiembre de 2005. De acuerdo a los trabajadores, no se habían recibido sueldos durante más de seis meses. Hasta finales del 2005 otras empresas cerradas también fueron tomadas.
A comienzos de septiembre los ex-trabajadores asumieron el control de la planta de producción de alimentos Promabasa, parte de la mayor empresa agroalimentaria de Venezuela, Alimentos Polar. Antonio Albarrán, ministro de agricultura, pidió al Grupo Polar que pagara un precio justo a los productores y que bajara el precio de la harina para los pobres. De acuerdo con un comité de investigación parlamentaria, Polar compró hace años fábricas como parte de un plan para eliminar cualquier competidor en el sector y, así, obtener el monopolio en el mercado venezolano. Polar cerró la planta, que tiene silos de grano, una planta para la producción de harina de maíz y otra para la producción de aceite de maíz, y llevó parte de la maquinaria a Colombia. Los productos de maíz procesados son así exportados de Colombia a Venezuela y vendidos a través de la red de distribución de la compañía Polar. A finales de septiembre del 2005, el gobernador del estado de Barinas, Hugo de los Reyes Chávez, padre del presidente, expropió la planta por decreto, y sus antiguos propietarios fueron indemnificados por el valor del mercado. En el marco de un modelo de cogestión, la planta se entregará lo antes posible a la cooperativa de Maiceros de la Revolución, que está constituida por antiguos trabajadores de la empresa.
La fábrica inactiva de Alimentos Heinz en el estado de Monagas, sub-compañía venezolana de la transnacional del ketchup H. J. Heinz Co., fue tomada primero por sus antiguos trabajadores y luego embargada por el estado para su evaluación.Heinz alegó que la fábrica había sido abandonada ya que había dejado de producir beneficios, y que por tanto estaba a punto de ser puesta a la venta. Un portavoz de la compañía describió las acciones del gobierno venezolano como “una infracción de los derechos de propiedad y del libre comercio”. En otra declaración, Heinz afirmó que la fábrica tuvo que ser cerrada temporalmente dado que los proveedores rurales no habían sido capaces de cumplir con sus compromisos.
El ministro de agricultura de Venezuela alegó que, si bien el 80 por ciento de la fábrica pertenecía a los trabajadores, Heinz la había adquirido ilegalmente en 1996, y la dejó cerrada desde entonces. La confederación de ganaderos y empresarios agroindustriales Congafan, que mantiene posturas cercanas al gobierno, confirmó la declaración y calificó el cierre llevado a cabo por Heinz como “criminal”, dado el daño causado a los productores regionales de tomate. Laopositora Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) a su vez condenó las acciones del gobierno. Finalmente, Heinz y el estado venezolano acordaron un precio y el estado adquirió la fábrica.
Los casos de la fábrica de papel Venepal y de la fábrica de válvulas CNV son considerados modelos de como llevar a cabo las expropiaciones. En ambas fueron constituidas cooperativas de trabajadores; el 51 por ciento de cada fábrica es ahora propiedad del estado y el 49 por ciento pertenece a una cooperativa constituida por todos sus empleados.
El esfuerzo del gobierno para incrementar la producción nacional, especialmente en vista al mercado interno, no sólo implica la expropiación o el apoyo de empresas privadas; las cooperativas reciben también préstamos de condiciones favorables para comprar fábricas inactivas. En septiembre de 2005 antiguos empleados utilizaron un préstamo especial del gobierno para comprar una planta procesadora de cacao. La planta había permanecido cerrada durante nueve años como consecuencia del neoliberalismo, según Elías Jaua ministro de economía popular. Mientras el chocolate producido fuera de Europa estaba cargado, en aquel momento, con aranceles adicionales, la empresa no recibió ningún apoyo de parte de los gobiernos. La fábrica pasó a manos de un banco privado con el cual estaban endeudados los anteriores propietarios. Los trabajadores formaron la Unión Cooperativa Agroindustrial del Cacao que compró la fábrica con un préstamo del gobierno de 4,800 millones de Bolívares (aprox. 2,3 millones de dólares US) con un interés de sólo un 4 por ciento (los intereses para los préstamos en bancos privados oscilan en torno al 26 por ciento) para reactivarla. Un plazo de seis años fue acordado para pagar el préstamo. Pequeñas cooperativas reciben préstamos hasta libres de interés.
Fábricas parcialmente inactivas que parecen sufrir dificultades reciben también ofertas de apoyo del estado. Chávez hizo un llamamiento a los propietarios de ponerse en contacto con el estado para evaluar las posibilidades de reactivación. Mediante un programa especial los empresarios que reactivan sus empresas o que crean nuevos puestos de trabajo tienen acceso a préstamos favorables, en tanto que establezcan una cogestión obrera que conceda a los trabajadores una participación en la administración, la dirección y a los beneficios de la empresa. De acuerdo a la ministra de trabajo, María Cristina Iglesias, en 155 de estas empresas ya se han establecido acuerdos entre trabajadores y empresarios en respecto a alguna forma de “cogestión obrera”.
El concepto de la cogestión obrera, se basa en la ciudadanía social y en la igualdad social como fin del orden social (con el estado como gerente), tal como está expresado en la Constitución. En el marco de la “democracia participativa y protagónica”, o sea el estado entendido como espacio participativo en el cual la población a través de diferentes instrumentos participa en la vida pública y controla las instituciones— se están discutiendo varios modelos de cogestión ya que hasta ahora no existe una ley al respecto. Desde el comienzo de 2005, la cogestión está comenzando a ser introducida en empresas estatales, y en algunos casos, como por ejemplo en la fábrica de aluminio ALCASA, llega hasta a la elección de los directores internos en asamblea obrera. La cogestión está siendo empujada especialmente por algunos sindicatos que conforman la UNT. Todas estas empresas tienen que tener una orientación social y transferir el diez por ciento de sus beneficios a un fondo de desarrollo local para la comunidad en la que están localizadas.
Traducción del alemán por Emily Speers Mears.